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Imagen: Cortesía de Gobierno del Estado CDMX.
El Poder Judicial de la Federación en México atraviesa una crisis profunda, marcada por las secuelas de la Reforma Judicial y una creciente ola de controversias. Entre ellas destacan acusaciones de nepotismo, que apuntan a redes familiares dentro de los tribunales, así como investigaciones penales contra jueces federales, lo que ha generado un tenso debate sobre la independencia judicial y la transparencia institucional.
Gustavo Zazueta Burgos | Ensenada B.C.
La reforma judicial aprobada a mediados de septiembre del 2024 empieza a dejar entre ver los problemas que han surgido desde dicha aprobación. Esta reforma inicialmente buscaba combatir la corrupción interna y el nepotismo, pero tras las declaraciones recientemente de los altos funcionarios del gobierno donde estos han indicando que siguen redes familiares dentro de circuitos judiciales, impidiendo el acceso a personas que tendrían cierto mérito para ocupar dichos puestos.
La confirmación de dichas declaraciones ha encendido las alarmas en los sectores jurídicos. Distintos reportes periodísticos reportan que la Fiscalía General de la República (FGR). Inició investigaciones a finales de 2024 y principios del 2025, por presunto abuso de autoridad contra jueces federales, que dejan entre ver la crisis actual a la que se enfrenta la judicatura mexicana.
Estas investigaciones se derivan de las suspensiones legales (amparos) que frenaron temporalmente la aplicación de aspectos de la Reforma Judicial. Asociaciones de jueces y observadores externos han expresado preocupación por lo que consideran una posible «criminalización» de la labor jurisdiccional y una amenaza a la independencia judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la disciplina interna (a excepción de la Suprema Corte), continúa sus funciones. Si bien en años pasados dicho consejo había sancionado y destituido a miembros del Poder Judicial por faltas como acoso o corrupción, sus comunicados públicos más recientes han sido enfocados en la implementación de la reforma, aspectos administrativos y declaraciones generales anticorrupción.
Algunos análisis periodísticos también han puesto en duda la efectividad histórica de los mecanismos disciplinarios del CJF antes del impulso reformista actual. Dicha situación actual refleja la persistente tensión entre los poderes del Estado en México, con un Poder Judicial que enfrenta críticas, investigaciones externas y un debate sobre su propia capacidad de autorregulación, mientras se adapta a un nuevo marco constitucional que busca transformar radicalmente su estructura y designación.
