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Fotografía: Cortersía
En 2024, Colombia registró 727 agresiones contra defensores de derechos humanos, según el informe Sin Protecciones de la organización Somos Defensores. Comunidades indígenas, líderes comunales y campesinos figuran entre los más afectados. A pesar de una leve disminución respecto al año anterior, la violencia estructural y la impunidad persisten, mientras se agrava la crisis humanitaria en varias regiones del país. El informe exige acciones urgentes del Estado frente a una realidad que se ha ido normalizando.
EnSintonia | Ensenada B.C.
En 2024, Colombia registró 727 agresiones contra defensores de derechos humanos, según el informe Sin Protecciones de la organización Somos Defensores. Comunidades indígenas, líderes comunales y campesinos están entre los más afectados. La impunidad sigue siendo una constante, mientras organizaciones exigen respuestas urgentes del Estado.
El año 2024 fue muy difícil para los grupos defensores de derechos humanos en Colombia, marcando una nueva etapa de violencia sistemática y sostenida. Según el informe Sin Protecciones, publicado por la organización Somos Defensores, se registraron 727 agresiones contra 655 personas defensoras, evidenciando un panorama alarmante para quienes luchan por los derechos y la justicia en el país de Colombia.
Las agresiones incluyen atentados, amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, robos de información, secuestros, judicializaciones, torturas, agresiones sexuales y asesinatos. Las regiones más afectadas del país fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cesar, Bogotá, Arauca, Magdalena y Bolívar.
A pesar de la gravedad de los hechos, el informe señala una disminución del 5 % en comparación con 2023, año en que se reportaron 765 agresiones. Sin embargo, esta ligera baja no representa una mejora significativa, ya que la violencia estructural contra los defensores persiste y se mantiene en niveles críticos.
“Si desmenuzamos esta cifra y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, señala el documento.
A finales de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó el informe Retos Humanitarios, donde se documenta cómo el confinamiento de comunidades, producto del conflicto armado, se agravó durante 2024. Esta situación ha restringido el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos básicos, aumentando la vulnerabilidad de la población civil y de quienes la defienden.
Entre los grupos más afectados se encuentran las comunidades indígenas, con 195 agresiones; líderes comunales, con 157; líderes comunitarios, con 109; líderes campesinos, con 83; defensores de víctimas, con 45; y defensores de derechos humanos, con 39 casos registrados. En muchos de estos ataques aún se desconoce la identidad de los agresores, aunque se ha confirmado la participación de grupos paramilitares en varios casos.
La impunidad es otra constante. “Esto nos muestra que seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Todos siguen en la impunidad porque nadie nos muestra cifras de eso”, expresó Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores.
El propósito del informe, más allá de registrar cifras, es generar conciencia y exigir respuestas apropiadas contra del Estado frente a una violencia que, lejos de desaparecer, se sigue normalizando en Colombia
